Ante amenaza normalista, blindarán sedes de aplicación del Ceneval

Morelia, Mich., a 31 de marzo de 2022.- El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, informó que la administración a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla protegerá con cercos policiales las sedes donde se aplicará el examen Ceneval para adquirir una plaza educativa, a fin de que este proceso no sea interrumpido por los estudiantes normalistas que se oponen a cumplir con el mismo.

La operación policial que se echará a andar por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fue justificada con las movilizaciones emprendidas por estudiantes normalistas que rechazan el examen Ceneval como requisito para acceder a una plaza educativa.

“Tenemos que brindar elementos de seguridad para que haya tranquilidad en dichos procesos”, dijo en entrevista el secretario de Gobierno.

En torno a las movilizaciones orquestadas por el normalismo michoacano, el titular de la Secretaría de Gobierno dijo ver un trasfondo en la postura asumida por los estudiantes, luego de señalar que en días pasados de sostuvieron mesas de trabajo con el magisterio, donde existieron coincidencias respecto a la necesidad de aplicar el examen Ceneval.

“Se hicieron varias mesas y todos estaban de acuerdo y todos coincidían en que era lo mejor para evitar cosas del pasado, pero en la penúltima reunión dicen que siempre no”, remarcó.

El secretario de Gobierno insistió en que el examen Ceneval se pensó para erradicar los vicios de corrupción que giran en torno a la dispersión de plazas educativas en Michoacán.

En ese sentido, es importante mencionar que el gobierno de Michoacán presentó denuncia penal en contra de quien resulte responsable de comercializar plazas educativas, esto luego de que se diera a conocer que en la Escuela Normal de Arteaga se solicitaban pagos de hasta 50 mil pesos para garantizar el acceso a un espacio en el sistema educativo de la entidad.

Incluso, el encargado de la política interna subrayó que la Fiscalía General del Estado está revisando si existe o no la injerencia de grupos de la delincuencia organizada en la comercialización de plazas educativas.

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