Morelia, Mich., a 19 de marzo de 2022.- Un grupo de comuneros de Arantepacua responsabilizó al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López Solís, de haber sido el “actor intelectual” de la masacre que la comunidad vivió en 2017, año en que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) orquestó cuatro ejecuciones extrajudiciales, allanamientos ilegales y torturas en contra de habitantes de dicha demarcación indígena.
El titular de la FGE fue exhibido durante el segundo encuentro del Plan de Apoyo para Michoacán que impulsó el gobierno de la República, donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, fueron testigos de los señalamientos emitidos en contra de la masacre que vivió la comunidad de Arantepacua el 4 y 5 de abril de 2017, a manos de la Policía Michoacán.
“Nosotros como comunidad indígena de Arantepacua en estos momentos no retiramos, ¿por qué nos retiramos?, porque aquí tenemos al asesino intelectual de la masacre del 5 de abril de 2017”, enfatizó uno de los comuneros presentes en el segundo encuentro del Plan de Apoyo para Michoacán, dirigiéndose al fiscal del estado, Adrián López Solís.
Los comuneros, además de responsabilizar a López Solís de la masacre registrada en Arantepacua, condenaron que la Fiscalía General de la República (FGR) se haya negado a atraer el caso, por considerarlo “irrelevante”.
En este sentido, lamentaron que la FGR no haya considerado que existe un “conflicto de intereses” en torno al caso, tomando en cuenta que el hoy fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, era secretario de Gobierno de Silvano Aureoles cuando se suscitaron los hechos antes señalados.
Es importante recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas”, durante la intervención que tuvo la SSP en un conflicto agrario entre las comunidades de Capácuaro y Arantepacua, los pasados 4 y 5 de abril de 2017.
