Ciudad de México lunes 17 de enero de 2022 17:00
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso inauguró este lunes los foros del Parlamento Abierto para discutir la reforma eléctrica que se votará este periodo de sesiones luego de la iniciativa para modificar los Artículos Constitucionales 25, 27 y 28, dando de nuevo el monopolio en casi toda la cadena de valor de la energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría la obligación de generar mínimo 54% de la electricidad del país.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso inauguró este lunes los foros del Parlamento Abierto para discutir la reforma eléctrica que se votará este periodo de sesiones luego de la iniciativa para modificar los Artículos Constitucionales 25, 27 y 28, dando de nuevo el monopolio en casi toda la cadena de valor de la energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría la obligación de generar mínimo 54% de la electricidad del país.
En el salón de protocolo del Edificio C del Palacio Legislativo de San Lázaro, el priista Rubén Ignacio Moreira Valdez, presidente de la Jucopo aseguró que existe suficiente margen para que se modifiquen múltiples modificaciones a la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que espera que a lo largo de un mes se llegue a acuerdos que contengan los mejores argumentos para que el país tenga un sistema eléctrico fuerte y equilibrado.
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) aseguró que dado que la reforma requerirá de una mayoría calificada entre los legisladores, de dos terceras partes más uno, y de mayoría absoluta (la mitad más uno) de los congresos de los Estados de la República, es importante que los gobiernos estatales participen por lo menos con voz a lo largo de todo el proceso de discusión.
Para ello, el mandatario local pidió que se establezca un foro en que los gobiernos estatales participen aportando información entre los especialistas y legisladores, a la vez que genere canales de transmisión locales de lo que se discuta en el Congreso federal.
José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí y miembro del Partido Verde Ecologista, habló de la importancia de regular a la minería en el país, puesto que esta reforma cuenta con la iniciativa de otorgar de manera exclusiva la explotación de litio en México. Además, recordó que la entidad cuenta con las termoeléctricas de Villa de Reyes y Tamazunchale, que es la más grande de Latinoamérica, mientras que en la entidad no se cuenta con electrificación rural y las tarifas agrícolas reciben altos subsidios puesto que la economía de los agricultores no permitiría pagarlas.
Rutilio Cruz Escandón Cárdenas, gobernador de Chiapas, recordó que en su entidad, en la cuenca del río Grijalva, hay cuatro de las presas más grandes del país, que generan 50% de la energía hidroeléctrica además de 4.5% de la energía nacional.
“Con la reforma que se propone, la energía hidroeléctrica aumentará al doble de participación, con la modernización y returbinación de las presas”, dijo, “estamos de acuerdo con esta reforma y apoyaremos en lo que sea necesario”.
La discusión sobre la reforma durará un mes para la formulación de un dictamen que los legisladores esperan aprobar en este periodo de sesiones. En la primera semana de trabajos, abordará el tema del sistema eléctrico creado por la reforma del 2013, con una mesa cada día de la semana, en que se hablará de cómo se llegó a ese punto, cómo operan las redes eléctricas, despacho, mercado y contratos legados e inversión privada y participación de la IP.
En el primer día de trabajo, hoy lunes a partir de las 17:00 horas, se expondrá ¿cómo llegamos a la reforma de 2012? Los principales resultados y problemáticas de las reformas anteriores y participarán tres ponentes a favor y tres en contra de los cambios constitucionales.
Ante el alza de contagios de Covid 19, las actividades se realizarán en la sede de San Lázaro de manera semipresencial los días 17, 19, 20, 24, 25, 27 y 31 de enero y el 2, 3, 8, 10 y 14 de febrero y se transmitirán en vivo a través del Canal del Congreso, además de que se suscribirán acuerdos con distintos medios para la máxima difusión de los debates, además de que se creará un micrositio en el portal de la Cámara de diputados y se transmitirá en redes sociales.
En la mesa inaugural participaron también Francisco Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; Layda Sansores, de Campeche; y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, los tres a favor de la reforma, representando intereses como las mayores reservas de litio y petróleo en el país, y el mayor consumo eléctrico nacional.
Reforma constitucional en materia eléctrica
Luego de que por la vía de acuerdos y cambios a la Ley, los dos juzgados en materia de competencia económica del país se vieron obligados a otorgar las suspensiones de las solicitudes de fortalecer al Estado y quitar a privados los derechos recibidos en la reforma del 2013 en cuanto a la generación de electricidad.
Así, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de diputados una iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, mismos que requieren de la aprobación de dos tercios más uno de los presentes que voten tanto de los diputados como de los senadores.
Según la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de diputados, la pérdida económica por la energía no despachada de la CFE –que no es priorizada por resultar más cara que la renovable de privados a la que no se le cobra la transmisión y se le dan incentivos como los certificados de energía limpia– asciende a 45% de la capacidad de la CFE, o sea a 119,000 gigawatts.
En términos económicos, significan 215,400 millones de pesos anuales desde el 2017, además de 222,900 millones por lo que le tiene que comprar a privados dada su obligación del suministro básico del país.
El segundo transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica permite sociedades de autoabasto como contratos legados del régimen anterior, con lo que se han acomodado en este régimen, sin pagar despacho, 77,767 grands consumidores, creando monopolios privaos a los cuales no tiene acceso la CFE.
Así, se ha llegado a un despacho de sólo 38% de la capacidad instalada de la CFE, cuando tiene una capacidad de despachar 54 por ciento.
En el total nacional de despacho, 31% corresponde a contratos legados de productores independientes de energía (PIE, a los que la CFE está obligada a comprarles); 12% son las sociedades de autoabasto; 15% son las centrales de alta eficiencia renovables y de ciclo combinado construidas después de la reforma, y 4% se despacha mediante las subastas que fueron elaboradas para el aumento de capacidad renovable en la administración pasada.
La nueva iniciativa propone un nuevo sistema eléctrico en el cual el Estado recupera la conducción a través de la CFE, que se convierte en organismo responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración.
Con ello, se cancela la estricta separación legal de la CFE, que se integra como un solo organismo del Estado de forma vertical y horizontal y mantiene a CFE Capital.
El Estado, a través de la CFE, llevará a cabo el abastecimiento de energía eléctrica de manera exclusiva.
La CFE generará por lo menos 54% del consumo eléctrico nacional de manera permanente.
Las actuales inversión en generación eléctrica legítimas del sector privado podrán participar con 46% del consumo eléctrico nacional, sujetas a planeación y control a través de la CFE.
Este 46% se incorporará mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE, basao en procedimientos de competencia. La CFE, a través del Cenace, despachará en orden de mérito de costos de producción, sujetándose a requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
Se requiere entonces la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad.
La generación procedente de los permisos de autoabasto no será adquirida por la CFE igual que los excedentes de los productores independientes de energía.
En cuanto a transición energética, la CFE tiene 55% de la capacidad instalada de energía limpia (aunque incluye nuclear, gran hidroeléctrica y ciclos combinados a gas de alta eficiencia) y propone la renovación de 10 centrales hidroeléctricas y un parque fotovoltaico propio de gran magnitud en Sonora.
Además, no se otorgarán concesiones sobre la extracción de litio a privados, para que el Estado lo conserve como material indispensable para las pilas de almacenamiento de energía.
Los cambios al 25 Constitucional incluyen derogar el concepto de “empresas productivas del Estado”, ahora son organismos, con un párrafo adicional que establece que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas como condición para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna.
Al 27 Constitucional se le incorpora el litio como reserva al dominio de la nación inalienable. También se establece que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad. Así, la Transición será guiada por el Estado, bajo criterios científicos.
En el 28 Constitucional se establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas y se añade a la electricidad como una de estas áreas. Así se ordena desde la Constitución que tendrá 54% de la generación eléctrica, como mínimo.
Finalmente, se elimina el párrafo por el que el Ejecutivo contaba con los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, o sea, la CRE y la CNH.
Vía: El Economista
