Morelia Mich., a 22 de diciembre de 2021.- Durante la votación para la aprobación de la Ley de Ingresos de Uruapan para el ejercicio fiscal 2022, la diputada local del Partido del Trabajo, Gabriela Cázares Blanco, presentó 3 reservas. En la primera, se pronunció en contra del aumento a la tarifa de uso doméstico popular en el servicio de agua potable, ya que en este momento compromete la economía de quienes sufren por los estragos de la pandemia.
En tal sentido, expuso que “derivado del impacto negativo que ha dejado la pandemia por coronavirus, durante la cual se han perdido empleos y encarecido los productos de consumo básico para la población, es necesario reconocer que cualquier incremento en este momento, puede ser muy nocivo para cubrir las necesidades básicas de la población”, razón por la cual, propuso que dicho servicio no sufriera incremento.
Posteriormente, planteó al Pleno del Congreso que el cobro de la cuota por saneamiento en el municipio se concentrara en una cuenta exclusiva para su empleo, y lo recaudado se utilice para tal fin, incluyendo la Planta Tratadora San Antonio, que requiere de inyección de recursos para su funcionamiento al cien por ciento.
“La reserva que propongo es para que la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan, concentre en una cuenta bancaria exclusiva los ingresos destinados al saneamiento del agua, para así tener un control de ingresos y egresos de tal cuenta, para que efectivamente se destinen al saneamiento del agua, lo cual facilitará el reporte trimestral del manejo de estos recursos y así sean incluidos en el informe trimestral de la Cuenta Pública Municipal”, expuso la diputada petista.
Cázares Blanco señaló la necesidad del uso correcto de los términos para las personas con discapacidad en el dictamen de la ley, así como especificar los descuentos para adultos mayores y no segmentarlo, lo que causa confusión, además de ser discriminatorio.
Finalmente, al no aprobarse las propuestas de reserva por la mayoría requerida, la diputada señaló que resulta incongruente que la actual Legislatura tenga como lema “el poder de la inclusión”, pero ni siquiera ponga atención para nombrar conforme a derecho a personas con discapacidad o que se niegue a legislar a favor de personas en condiciones de vulnerabilidad.
