Morelia, Mich., a 20 de diciembre de 2021.- Más de una cuarta parte de las y los michoacanos se encuentran en condiciones de rezago habitacional, esto decir, con precariedad en los espacios en que habitan, lamentó la diputada Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Puruándiro, destacó la importancia de generar acciones y políticas públicas que velen el derecho humano a la vivienda adecuada de manera que los espacios habitacionales garanticen la seguridad física de sus ocupantes, la disponibilidad de espacio suficiente, la protección contra riesgos para la salud y peligros estructurales.
“Es fundamental garantizar debidamente este derecho constitucional, pues se tiene la idea que basta con que la población cuente un techo para sobrevivir; debemos de entender que el de la vivienda digna no es un asunto de patrimonio sino de derechos”.
Recordó que el artículo cuarto constitucional establece toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, y que la ley debe establecer los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
La legisladora integrante de la Representación Parlamentaria, refirió que la estadística arrojada por el Censo de Población y Vivienda del INEGI de 2020 muestra claramente la problemática que en la materia priva en México y estados como Michoacán.
Apuntó que en México el 55% de las viviendas particulares habitadas en condición de rezago, se encuentran en la Región Sur, mientas que estados del Noreste, Centro y Bajío se acercan al 30%, y los del Noroeste oscilan entre el 18 y 43%.
“En Michoacán más de una cuarta parte de la población padecen rezago habitacional, es decir, el 28% de las y los michoacanos, lo que representa un total de 353 mil 668 viviendas”.
Julieta Gallardo recalcó que en total son 1.3 millones de michoacanas y michoacanos quienes padecen condiciones de rezago habitacional, por lo que se precisa potenciar la acción pública para generar acciones encaminadas a abatir el problema, tanto en la acción gubernamental como dentro del ámbito legislativo, realizando las adecuaciones pertinentes al marco normativo.
